El INICIO TURBULENTO
DE UNA DEMOCRACIA ATORMENTADA.
Las elecciones
cuestionadas. 1961-1978
Por: Mu-Kien Adriana
Sang
El ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo
en mayo de 1961, marcó un antes y un después en la vida política nacional. Había muerto el dictador que por 31 años
había impuesto su voluntad. Estaba
pendiente la gran tarea de construir un estado democrático, en una sociedad
acostumbrada, desde el siglo XIX a estar dirigida por caudillos regionales, rateros
temporales, líderes liberales y la gran mayoría conservadora. ¿Sería fácil la
tarea? La respuesta lógica es no, no fue fácil.
Los años que siguieron a la desaparición de Trujillo se caracterizaron
por la turbulencia. De 1961 a 1966,
tuvimos dos Consejos de Estado, un Gobierno Democrático electo, un Triunvirato,
una revuelta constitucionalista, una ocupación militar y finalmente, un
gobierno conservador electo, gracias al apoyo de los intereses del norte.
A pesar de los esfuerzos por organizar el país
y colocarse como el líder que dirigiría los destinos del país, el Doctor
Balaguer no pudo con las presiones y se vio obligado a abandonar el poder. Con
la salida abrupta del Presidente Balaguer se produjo un vacío de poder. Un
nuevo esfuerzo por controlar el país se produjo con el nombramiento del Segundo
Consejo de Estado, integrado por: Rafael F. Bonnelly, Eduardo Read, Monseñor
Eliseo Pérez Sánchez, Nicolás Pichardo, Luis Amiama Tió, Antonio Imbert Barrera
y Donald Reid Cabral. El nuevo Gobierno Provisional tenía como principal tarea
organizar las elecciones. Durante el
proceso electoral, el exilio democrático se hizo presente. El líder del Partido Revolucionario
Dominicano, Profesor Juan Bosch, ganó arrolladoramente la contienda electoral. Los datos así lo confirma: el PRD obtuvo una aplastante victoria sobre
sus adversarios de 619,491 votos, contra 317,327 de la Unión Cívica Nacional.
El nuevo partido que lideraba Balaguer, solo obtuvo 4,618 votos. El PRD con este número de votos controlaba el
Congreso. En el Senado contaba con 22 senadores y solo 5 de la oposición. En la Cámara de Diputados de una matrícula de
74 legisladores tenía 49 legisladores suyos, 25 de la oposición. Era una
mayoría aplastante. [1]
El sector conservador no disfrutaba de ese
triunfo. La amenaza del comunismo estaba presente. Y Cuba, en el corazón del Caribe y tan
cercana al país, era la representación de la Guerra Fría. Tan acorralado se vio
el gobierno del Profesor Bosch, que en septiembre de 1963 fue derrocado en un
golpe de Estado ejecutado por las fuerzas conservadoras del país, con el apoyo
y la bendición de la gran potencia
norteña. La acusación de comunista era el signo más evidente. El periódico El Caribe, cuya línea editorial
en ese momento era marcadamente anti bochista, se hizo eco de la petición escrita
de un grupo de ciudadanos, que se hacía llamar el Comité Cívico Anticomunista,
integrado por Enrique J. Alfau, doctores M. Aquiles Rodríguez R, A. Frías
Gálvez, Manuel J. Muñiz F., William Read, José B. Gautier y los señores
Abelardo Jimenes Peña, José a. Aybar Castellanos, Máximo A. Fiallo y Francisco
J. Faneyte B[2]. El grupo solicitaba al
Senado que emitiera una disposición que hiciera cumplir los artículos 67 y 68
de la Constitución que prohibía la existencia de los partidos comunistas. La
publicación del documento trajo consigo reacciones en todos los sectores
sociales. [3] Quizás
porque después de 31 años de dictadura, de haber tenido un Congreso dominado
por la voluntad de Trujillo; quizás porque había un silencio impuesto y la
prensa nacional no tenía más remedio que ser complaciente, durante el breve
espacio de libertad durante el gobierno del Profesor Bosch, los medios de
comunicación no perdían oportunidad para expresar opiniones diversas, incluso
en contra del Gobierno Central y sus representantes.
El país vivía un verdadero volcán político que
entraba en erupción de manera abrupta y violenta. El Congreso de la República que durante los
escasos siete meses que duró el gobierno democrático de Bosch, quiso jugar un
papel importante en el nuevo ensayo democrático, fue bruscamente interrumpido
cuando se produjo el Golpe de Estado. No
solo los Ministros y principales colaboradores del Presidente depuesto fueron
objeto de persecuciones, sino también los representantes del Poder Legislativo,
especialmente del Senado. La prensa nacional publicó nuevas noticias de
detenciones. Dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y ex
legisladores miembros del mismo partido fueron detenidos por la policía en
diversas oportunidades. En uno de esos casos fue detenido José Francisco Peña
Gómez, Secretario General de PRD junto a César Roque Taveras y Jesús María
Mella, diputado y senador del Congreso, que había sido disuelto.[4]
Durante el Golpe de Estado, los partidarios del
ex Presidente Juan Bosch, decidieron dar la pelea y enfrentar al Triunvirato.
Un grupo de legisladores y dirigentes del PRD realizó una Asamblea en octubre
del 1963 en San Pedro de Macorís con el objetivo de desconocer al Triunvirato y
para designar un gobierno provisional.
El nuevo gabinete estaría dirigido por el ex Presidente del Senado, el
Doctor Juan Casasnovas. Las fuerzas de
inteligencia conocieron rápidamente los aprestos y se dieron a la tarea de
apresar a los desafectos. La prisión del doctor Juan Casasnovas Garrido causó revuelo en la
opinión pública nacional e internacional. Conocido como hombre honrado y capaz,
muchos sectores se manifestaron en contra del apresamiento. Fue arrestado en la
residencia de la familia Garrido Medina en el Ensanche Luperón.
Ante los hechos, el doctor Alfonso
Moreno Martínez, vicepresidente del Partido Revolucionario Social Cristiano
hizo una declaración pública apoyando la acción de Casanovas. A principios de noviembre de 1963, el Dr.
Casanovas partió hacia Puerto Rico.
La represión del Triunvirato en
contra de los líderes del PRD no tenía límites. Lo hizo durante todo su
dominio. Los senadores perredeístas y
sus familias sintieron el peso del poder. La prensa internacional se hizo eco y
desarrolló sistemática campaña de denuncia de los atropellos del gobierno
dominicano en contra de las libertades públicas. Otros legisladores no tuvieron la suerte de
la deportación, sino que permanecieron en la cárcel esperando que fueran
sometidos a la justicia. Ese fue el caso
de Juan Antonio Tanguí Medina y Rafael Casimiro Castro. Según el expediente
acusatorio, Tanguí Medina estaba acusado de promover reuniones con fines
subversivos y Castro de usurpación de funciones y abuso de confianza en
perjuicio de la Policía Nacional. En concreto, la Policía lo acusaba de haber
vendido un revolver que se le suministró en calidad de senador de la República.[5]
Así pues, con el derrocamiento del profesor Bosch en septiembre de 1963, se puso
fin al primer y verdadero ensayo democrático.
El ascenso del muy contestado gobierno del Triunvirato, presidido
primero por Emilio de Los Santos y más tarde por Donald Reid Cabral, provocó
que en el seno de la población se extendiera el descontento, teniendo el
gobierno de facto que aplicar la mano dura.
Las organizaciones políticas, encabezadas por el PRD, y un sector de las
Fuerzas Armadas Dominicanas, aprovecharon la coyuntura para conspirar. Definieron el derrocamiento del gobierno del
triunvirato como el objetivo inmediato y el restablecimiento de la democracia y
la reinstauración del gobierno de Bosch como el objetivo estratégico.
Se inició entonces el 24 de abril de
1965, un grupo de militares, a cuya cabeza estaba Francisco Alberto Caamaño Deñó, junto a sectores de la oposición, le
levantó en armas en contra del Gobierno y proclamó la Constitución de 1963 y la
vuelta al poder del Profesor Bosch. Pero este grupo no se quedó solo. Otro sector militar, lidereado por Elías
Wessin y Wessin, se enfrentó a los llamados Constitucionalistas. La guerra civil estaba planteada. Entonces, cuatro días después, el 28 de abril
de 1965, 42,000 marines norteamericanos desembarcaron en las costas
dominicanas. Después de largos meses de
enfrentamientos armados y negociaciones infructuosas, se pudo llegar a un
acuerdo en septiembre de ese año 1965, luego de la firma del Acta de
Reconciliación y la instauración de un gobierno provisional presidido por
Héctor García Godoy, cuya tarea fundamental era la organización de elecciones
en junio de 1966.
La guerra de abril, sin duda alguna, fortaleció
el sector más conservador de la vida política nacional. Joaquín Balaguer, volvió del exilio con su
nueva organización política, el Partido Reformista. Era evidente el apoyo norteamericano al líder
reformista. Los norteamericanos
apostaron al ex funcionario de Trujillo ante el peligro que sentían de que en
el país podría nacer una nueva Cuba. El
Doctor Balaguer se presentó por su parte, como la alternativa política que
aseguraba la pacificación y la reconciliación. Fue el ganador en unas elecciones
tuteladas por las fuerzas invasoras. Ganó contra el Profesor Bosch, inaugurando
el 1º julio de ese año 1966, su largo y
autoritario régimen que duró 12 años. La victoria de Balaguer se vio coronada con
una votación de 759, 887. Pero su contendiente más cercano, el PRD, con Juan
Bosch a la cabeza, obtuvo 494,570. El
PRSC obtuvo 30,660; y la UCN, que era fuerte en el 62 obtuvo la humillante
votación de 16, 152 votos. La composición
del Congreso estaba clara. De 27
senadores electos, 22 pertenecían al Partido Reformista y 5 al PRD. En la Cámara Baja, de una matrícula de 74, 48
pertenecían al Partido Oficial y el resto a la oposición blanca. El control reformista estaba claro. El PRD, a pesar de su minoría congresional,
le dio la batalla y peleó con uñas y dientes en el espacio legislativo. [6]
El poder conservador había ganado
la batalla. El nuevo régimen político
que se había instaurado tenía el control del poder político a través del
Ejecutivo y la bendición imperial.
Restaba el dominio del Congreso y la Justicia y la sumisión de los
desafectos.
Las primeras tareas del gobierno fueron la
pacificación forzosa de los opositores, el desarme de la población civil, la
reestructuración de las Fuerzas Armadas y la modificación de la Constitución
para poder adecuar la carta fundamental a la nueva situación y la proclamación
de la Austeridad como eje de la acción gubernamental. Los cuatro años pasaron en medio de crisis y
medidas represivas.
El
proyecto reeleccionista estaba decidido desde 1966, cuando subió al poder. El inicio del 70 no fue más que una
materialización de una decisión. Los primeros cinco meses del año 1970 fueron
de verdaderas convulsiones y turbulencias políticas. Los dirigentes del PRD habían decidido dar la
pelea y torpedear la posible reelección de Balaguer, a sabiendas de que era un
imposible. El principal líder del partido opositor, Juan Bosch, había salido al
exilio. Regresó en marzo de ese año, y con su presencia comenzaron a realizarse
importantes negociaciones políticas con otras fuerzas políticas de oposición de
cara a las elecciones de mayo. Uno de los primeros intentos fue hacer un gran
bloque opositor unitario que pudiera hacer frente al proyecto
reeleccionista. Pero al ver el control
que tenía Balaguer sobre el principal organismo electoral, la Junta Central
Electoral, los principales partidos de la oposición decidieron entonces no
participar en el torneo electoral, para no legitimar el proceso, al cual
denominaron como “matadero electoral”.
Balaguer
ganaría, pero había piedras en el camino. El auge de los grupos de izquierda y
sus lazos internacionales con países comunistas, determinó que el Gobierno de
Balaguer, imitando las dictaduras de cono sur, como Argentina, creara un grupo
paramilitar cuya misión era reprimir las fuerzas de la izquierda activa. La
Banda Colorá, como se le conoció popularmente, estaba compuesto por desertores de los grupos
izquierda y por matones profesionales y dirigidos por militares. Sembraron el
terror durante cuatro años. La Banda Colorá, nacida, criada, acogida y
respaldada a principios de los 70, terminó por presiones internacionales en
1974, dejando como saldo más de cuatro mil muertos.
En el seno del
oficialismo también habían intereses. El Vicepresidente de la República Augusto
Lora, decidió romper con Balaguer y el reformismo. Tenía su propio proyecto
político y decidió abrir tienda parte, formando el Movimiento de Integración
Democrática (MIDA). Por otra parte, el sector de los reformistas no
representaba una unidad monolítica. Un sector importante era contrario al
proyecto de reelección, pero esos que osaron fueron destituidos del directorio del
partido. Entre ellos se encontraban: El
doctor Jacinto Pérez Acosta, afiliado al partido, y el doctor Juan Estaban
Olivero Féliz, Presidente del directorio municipal de Tamayo.
Balaguer pudo
resolver el conato de crisis al interior de su partido. Quedaba entonces preparar el montaje
electoral con apariencia de democracia.
El retiro de las principales fuerzas de la oposición no facilitaba las
cosas, y sobre todo con su llamado a la abstención. El 16 de mayo de 1970 se celebraron
las elecciones. Logró la participación varios pequeños partidos. La “contienda”
se libró entre:
1. El Partido Reformista – PR- con la boleta de Joaquín Balaguer y Carlos
Rafael Goico Morales;
2. El Partido Quisqueyano Demócrata-PQD-
llevando como candidato presidencial a Elías Wessin y Wessin y a Arturo Muñíz
como Vicepresidente;
3. El Partido Revolucionario Social
Cristiano –PRSC- con la candidatura de Alfonso Martínez y Rogelio Delgado
Bogaert;
4. El Movimiento de Conciliación Nacional –MCN- con Jaime Manuel Fernández como candidato a
la Presidencia y a Sócrates Barinas Coiscou como candidato a la Vicepresidencia:
5. Y, finalmente el Movimiento de
Integración Democrática-MIDA – que llevó de candidatos al binomio Augusto Lora
y Elías Brache.
Los resultados electorales no sorprendieron a nadie,
de un total de votos válidos a nivel nacional de 1,238,205. Los que obtuvieron mayor votación fueron: El
Partido Reformista – PR- , que obtuvo una mayoría de 653,565 votos; el Movimiento de Integración Democrática-MIDA
que sorprendió con una votación de 252,760 votos. En un lejano tercer lugar
quedó el PRSC con 63, 697 votos. Los
demás partidos tuvieron votaciones insignificantes. A nivel del Congreso, la
victoria reformista fue aplastante: 21
senadores de 26; y 45 diputados de 74.
Pero el gobierno no tuvo días fáciles. Las condiciones internacionales habían
cambiado. Balaguer ya no era la ficha
internacional que necesitaba el poder norteamericano. A finales de los 60 y
hasta muy entrado el año 1973, se produjeron dos fuertes crisis en los poderes
hegemónicos mundiales. Estados
Unidos, por un lado, había fracasado de
la guerra de Vietnam que puso en cuestionamiento la política armamentista; y
por el otro lado, la Unión Soviética había evidenciado al mundo el centralismo
autoritario de su política interna y externa con la invasión a Checoslovaquia
en 1968. Además, la década de los 70 fue para el capitalismo
mundial un período de crisis económica, debido al alza a niveles insospechados
del precio del petróleo, provocando una inflación generalizada. Uno de los
países más afectados con la crisis fue Estados Unidos. El costo de la política armamentista y el
alza de los combustibles produjeron un balance negativo en la economía
norteamericana. Tan grande fue la
crisis, que en 1971, durante el gobierno de Richard Nixon, el gobierno
norteamericano tuvo que abandonar la paridad del dólar y el oro, provocando así
la devaluación del dólar frente al yen y la libra esterlina.
El mundo era un peligroso caldo de cultivo:
crisis económica en el mundo capitalista, dominio republicano en los Estados
Unidos y auge de los movimientos de izquierda en los diferentes países de
América Latina con el apoyo financiero, político y militar de Cuba. ¿Cuál era
entonces la solución para los países de nuestra región? A todas luces, el
coloso del norte apoyó, financió y protegió regímenes de fuerza en todo el
continente. Como había ocurrido en los
años 30 del siglo XX, se sucedieron las dictaduras, con la diferencia de que
esta vez los ostentadores del poder absoluto eran militares, imponiendo un
nuevo modelo fascista, con el común denominador del fascismo de los 30: la
represión y la muerte. Así, casi la
totalidad de los diez años de la década de los 70 fueron funestos en materia de
derechos políticos, derechos humanos y, sobre todo, libertades públicas. Para suerte de América Latina, la llegada de
Jimmy Carter al poder en los Estados Unidos permitió una dulcificación de la
política exterior, una recuperación de algunos de los derechos fundamentales y
sobre todo el fin del apoyo norteamericano a las dictaduras militares.
En ese contexto internacional se desenvolvió el
tercer período de Balaguer que comenzó en 1974.
El año anterior, 1973, fue de dura prueba para el gobierno. Recordemos:
Playa Caracoles, división del PRD con el surgimiento del PLD. En noviembre de ese año, el recién formado
Partido de la Liberación Dominicana, formó el llamado Bloque de la Dignidad
Nacional, proyecto político iniciado por Bosch desde su posición en el PRD y
continuado desde la nueva estructura política.
El propósito del grupo de organizaciones integrantes del bloque era
poner al régimen de Balaguer. El PRD por
su parte, aliado con grupos de izquierda, como el Movimiento Popular
Dominicano, y de derecha como el Partido Quisqueyano Demócrata y la Unión
Cívica Nacional, formaron una gran alianza electoral que se llamó Acuerdo de
Santiago. Propusieron a Don Antonio
Guzmán y a Elías Wessin y Wessin como sus candidatos. Por su parte, las fuerzas reformistas se
organizaron para poner en ejecución el proyecto reeleccionista, y muy
especialmente , detener a las fuerzas opositoras.
La fuerza que tomó el Acuerdo de Santiago hizo
que sus dirigentes fueran reprimidos. En un intento por detener la represión,
se dirigieron a la Junta Central Electoral para hacer sus reclamos, pero,
lógicamente, no fueron atendidos. Era un
organismo controlado por el Partido Reformista. Ante la situación, decidieron
retirarse y propugnar por la abstención electoral. La posición fue respaldada
por un sector de la iglesia católica. Un
grupo de 40 sacerdotes y religiosos católicos, publicaron un comunicado exhortando
al pueblo a no participar en las elecciones.
La propuesta de abstención fue respaldada por
otras agrupaciones políticas: Movimiento de Conciliación Nacional, Movimiento
de Integración Democrática, el Grupo Independiente Amiama Tió, la Alianza
Social Demócrata y el Partido de Acción Constitucional. Sin embargo, el Partido Demócrata Popular,
dirigido por Luis Homero Lajara Burgos, decidió participar. Dicen algunos que
su decisión fue impulsada después de haber arribado a algunos acuerdos con el
gobierno. Las elecciones fueron
celebradas en mayo de 1974 y sin sorpresas ganó el Doctor Balaguer,
evidentemente con la mayoría que acudió a votar, que no representaba la mayoría
con capacidad de hacerlo, pues hubo una altísima abstención de más del 50% de
la población votante.
El tercer y último Gobierno del Doctor Balaguer
en el período de los 12 años, que se inició en agosto de 1974 y culminó en
1978, tuvo algunas diferencias con los dos anteriores: la represión tuvo que
disminuir gracias a la presión internacional. En 1976 ascendió Carter al poder
en Estados Unidos, y en 1977 fue reconocido el Partido Comunista Dominicano. El
gobierno mantuvo la ayuda externa y, sobre todo, la política asistencialista y
clientelar. Era evidente que el modelo
entraba en una fase de agotamiento. El
descontento popular se acrecentaba.
La experiencia electoral de 1974
fue quizás la causa de un proyecto de ley que presentó la Junta Central
Electoral a través del Senado. Las
elecciones de 1974 en la que solo participaron dos partidos políticos, el Partido
Reformista y el Partido Demócrata Popular, así como la abstención de los
partidos, la necesidad y el deseo del Doctor Balaguer de permanecer en el poder
y el inminente proceso electoral de 1978, fueron motivos suficientes para que
la Junta elaborara un proyecto de ley que buscaba modificar los artículos 65 y
87 de la Ley Electoral sobre el reconocimiento de los partidos y el número de
afiliados para mantener dicha legalización.
El proyecto planteaba que los
partidos políticos perderían su reconocimiento legal si se abstenían de
participar en dos elecciones consecutivas. También establecía la extinción de
la personería jurídica a aquellas organizaciones que predicasen o pusieran en práctica teorías y doctrinas contrarias a
la forma de gobierno que la Constitución señalaba. El proyecto de ley señalaba
que ante dos abstenciones. la Junta declararía extinguida la personería
jurídica del partido que incurriera en ellas y por la misma decisión ordenará
el cierre del expediente y su depósito en el archivo de la Junta. La decisión de la litis, que era
inapelable y definitiva, versaría únicamente sobre la existencia o inexistencia
del partido. Conforme a la modificación al artículo 65 en su acápite (a), los
partidos conservarían su reconocimiento con un número de afiliados no menor del
5% del número de electores inscritos en el Registro Electoral. La Ley electoral
vigente para la época establecía que el partido debía contar con un número de
afiliados no menor del cinco 5% de electores que hubiese concurrido a la
elección general inmediata.
El artículo 87 se proponía
además, modificar estableciendo que las candidaturas independientes de carácter
nacional, provincial o municipal que surgieran en cada elección deberían ser
declaradas por la JCE 120 días antes de cada sufragio. El artículo vigente establecía sólo 90 días. [7]
Evidentemente que el proyecto
trajo recelos entre las agrupaciones políticas. En vista de la lluvia de
cuestionamientos surgidos a raíz de la presentación del proyecto se decidió
celebrar vistas públicas. Los partidos
políticos defendían el derecho a no participar en las elecciones. De aplicarse
la modificación, la mayoría de las organizaciones políticas quedarían en la
ilegalidad. Se criticó también el
aumento de la membresía para obtener o mantener el reconocimiento legal.
En vista de los comentarios y
recelos provocados por el proyecto, el Presidente del Senado doctor Adriano
Uribe Silva, pidió a la comisión especial que elaborara el informe con
rapidez. Un grupo de organizaciones políticas
pidió también a la JCE que se reuniera con todas las organizaciones políticas
reconocidas para discutir el proyecto. Los partidos que elevaron la solicitud a
la JCE fueron los siguientes: Revolucionario Social Cristiano (PRSC),
Quisqueyano Demócrata (PQD), Unión Cívica Nacional (UCN), Movimiento de
Integración Democrática (MIDA), Movimiento de Conciliación Nacional (MCN), y
Movimiento Municipal del Pueblo (MMP).[8]
En 1977, el proyecto fue de
nuevo retomado y aprobado por el Senado. En efecto, en mayo de ese año, fue
convertido en ley. A partir de entonces, los partidos
políticos perderían su reconocimiento legal si se abstenían de participar en
dos elecciones consecutivas. Con esta enmienda, se retiraba la facultad a la
Junta Central Electoral (JCE) para declarar la extinción de la personería
jurídica a aquellas organizaciones que predicaran o pusieran en práctica teorías y doctrinas contrarias a
la forma de gobierno que señalaba la Constitución. Conforme a la modificación
del artículo 65 en su acápite A, los partidos conservarían su reconocimiento
con un número de afiliados no menor del 5% del número de lectores inscritos por
el Registro Electoral. [9]
Así pues, el polémico proyecto de ley fue aprobado, a pesar de las oposiciones
de la mayoría de los partidos políticos.
Quizás era una forma de obligarlos a no abstenerse en las elecciones
nacionales, vista la experiencia de la elección de 1974, donde solo
concurrieron dos partidos: el reformista y el demócrata popular. La abstención
no sería más, de acuerdo a la modificación de la ley, una expresión de lucha de
parte de las organizaciones políticas, sino una forma de auto excluirse que
podría culminar con la pérdida de su propio conocimiento.
Pero ya Balaguer estaba en fase
de decadencia. En 1977, era evidente que el Gobierno de los Estados Unidos
ponía distancias con el Gobierno reformista.
Por diferentes vías, dirigentes y funcionarios norteamericanos hablaban
abiertamente de la necesidad de que la República Dominicana iniciara un proceso
de apertura democrática.
El modelo político del Doctor Balaguer llegaba
a su fin. En mayo de 1978, fueron celebradas las elecciones. El PRD, con
Antonio Guzmán y Jacobo Majluta a la cabeza
ganaron arrolladoramente la contienda. Las elecciones en las que Antonio
Guzmán fue electo Presidente, fueron dramáticas y traumáticas.
Los sectores que apoyaban a Balaguer no querían perder los privilegios
que otorgaba el poder absoluto, por eso la noche del 16 de mayo de 1978,
mientras el país y el mundo esperaban el conteo de los votos, a las 3 de la
madrugada del 17 de mayo, en el momento en que la Junta Central Electoral
informaba que el partido opositor aventajaba en votos al gubernamental, el caos
se apoderó del país, cuando un oficial del ejército detuvo la transmisión de
los cómputos que se hacía por radio y televisión. Mientras eso ocurría,
soldados armados se rodeaban la Junta Central Electoral con banderas rojas en
sus armas, aclamando el triunfo del partido oficialista. Ante la ocupación militar de las oficinas,
los miembros del organismo electoral se vieron obligados a abandonar
apresuradamente sus tareas. En el resto
del país, los secretarios y los Presidentes de las Juntas Municipales huyeron o
se escondieron para evitar la represión.
Este hecho se conoce popularmente como el “Juntazo”.
El país se detuvo. Comenzaron las
protestas nacionales e internacionales
pidiendo el respeto a la voluntad popular. Comenzaron las negociaciones entre los
partidos. Estaba claro que los aires de
Washington eran democráticos y no apoyaban los intentos golpistas de sus otrora
aliados. Jimmy Carter había asumido la
Presidencia de los Estados Unidos y buscaba cambiar la imagen del imperio. Los golpistas intentaron también buscar apoyo
de otros gobiernos latinoamericanos, pero sin éxito.
El resultado fue muy interesante.
Mediante el llamado “Fallo Histórico”, la Junta Central Electoral
provisional, porque la otra se desintegró, pronunció un dictamen con el cual
sustituía la decisión de las urnas, despojando al PRD de cuatro curules en el
Senado, dando el triunfo al Partido Reformista en 12 municipios. De esta
manera, el Partido Reformista tenía el
control en el Senado con 15 Senadores, mientras el PRD se quedó con 12. A nivel
de diputados el PRD quedó con la mayoría en una relación de 49 diputados contra
con 43 del Partido Reformista. El fallo
de la Junta Central Electoral trajo muchas reacciones. Balaguer, por supuesto lo apoyó. Era su mejor salida. Perdía la presidencia, pero obtenía curules que no había ganado.
La
decisión salomónica de la junta fue confirmada en la publicación oficial. Este hecho se conoce como el Gacetazo, pues
se alteró el texto de la ley mediante un simple cambio en la Gaceta Oficial del
Estado, de esta manera se otorgó facultades excepcionales a la Junta para la
celebración de elecciones complementarias.
En ese ambiente político se inició el nuevo Congreso después de las
elecciones celebradas en mayo de 1978.
El PRD por su parte estaba dividido. José Francisco Peña Gómez y un gran grupo de
militantes se oponía al llamado fallo histórico. Invitando incluso a las masas perredeístas a
una protesta pública. Antonio Guzmán por
su parte, recibía presiones internas y externas para que aceptara el fallo de
la Junta. El PRD decidió recurrir en
julio de ese histórico año a los mecanismos legales. Primero impugnó los
resultados y luego, depositó en la Suprema Corte de Justicia los documentos de
impugnación de la sentencia de la JCE para que fuese declarada
inconstitucional. Asimismo, Antonio
Guzmán se reunió con los jefes militares y les solicitó el apoyo a la voluntad
popular. Finalmente, el 26 de julio de
1978, la Asamblea Nacional en reunión conjunta oficializaba la elección de
Antonio Guzmán como Presidente de la República y a Jacobo Majluta como
Vicepresidente. Se había cerrado con
escollos y sinsabores una prolongada crisis política.
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